La actuación del juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez vuelve a situarse en el centro del debate judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este lunes para analizar la posible apertura de un expediente al magistrado tras las quejas registradas por distintas actuaciones relacionadas con la instrucción del caso.

La controversia se ha intensificado después de que trascendiera la afirmación atribuida al juez de afirmar que los policías que ejercen de escolta sobre la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudar a que se fugara, una medida que ha generado críticas y ha motivado nuevas reclamaciones ante el órgano de gobierno de los jueces.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el CGPJ actúe conforme a sus competencias si considera que existen motivos para una corrección disciplinaria. Según ha señalado, el organismo tiene la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Bolaños recordó que corresponde al CGPJ analizar las quejas planteadas y adoptar las decisiones que considere oportunas dentro del marco legal. En este sentido, insistió en que será el Poder Judicial quien determine los pasos a seguir.

Impacto negativo para la justicia

El ministro también aseguró que la instrucción dirigida por Peinado está teniendo un impacto negativo en la imagen de la Justicia. A su juicio, las críticas a algunas de las resoluciones del magistrado han trascendido las diferencias ideológicas y han encontrado eco en distintos sectores políticos y jurídicos.

Para respaldar esta afirmación, Bolaños destacó que la Audiencia Provincial ha revocado hasta quince resoluciones dictadas durante la instrucción. Asimismo, señaló que se han presentado varias denuncias y quejas ante el CGPJ relacionadas con la actuación del juez, además de acciones judiciales emprendidas por el propio magistrado contra periodistas y representantes políticos por opiniones vertidas sobre el procedimiento